Sentencia A. 1824/25

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

AUTO 1824 DE 2025

Referencia: Expediente ICC-5194

Conflicto aparente de competencia presentado entre el Juzgado 003 de Familia del Circuito de Villavicencio y el Juzgado 008 Civil Municipal de Villavicencio.

Magistrada ponente:

Lina Marcela Escobar Martínez

Bogotá D. C., doce (12) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de la prevista en el literal e) del artículo 5º de su Reglamento Interno, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I.        ANTECEDENTES

 

1.       Acción de tutela. Anayibe Ricaurte Durán, en calidad de agente oficiosa de su cónyuge, Francisco Javier Tobón, adulto mayor de 63 años, a través de apoderado, presentó acción de tutela en contra de la Nueva EPS y el centro clínico Servicios Médicos Integrales de Salud SAS (Servimedicos), por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la dignidad humana[1].

 

2.       La accionante afirmó que, el señor Francisco Javier ha estado hospitalizado desde el 19 de septiembre de 2025, algunos días en Servimedicos y otros en el Hospital Departamental de Villavicencio; el 7 de octubre de 2025, los médicos tratantes de su cónyuge le prescribieron diversos procedimientos quirúrgicos; y que, a la fecha de presentación de la tutela, los procedimientos requeridos no habían sido practicados, sin que mediara justificación de la Nueva EPS o de Servimedicos. En consecuencia, la convocante solicitó ordenar a la Nueva EPS y a Servimedicos autorizar y practicar las intervenciones prescritas a su cónyuge, brindar tratamiento integral e informar el cronograma de realización de los servicios médicos[2].

 

3.       Declaraciones de falta de competencia. Por reparto, el trámite se asignó al Juzgado 003 de Familia del Circuito de Villavicencio, autoridad judicial que, a través de Auto del 21 de octubre de 2025, remitió las diligencias a la Oficina de Apoyo Judicial de Villavicencio, para que fueran repartidas entre los jueces municipales de esa ciudad[3]. El Juzgado expuso que debía atenderse lo ordenado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio - Sala Primera de Decisión Civil Familia, que mediante providencia del 19 de febrero de 2025, declaró la nulidad de lo actuado dentro de una  acción de tutela conocida por ese despacho, “(…) dentro del radicado 50001311003002025000800, con fundamento en lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y en el numeral 1° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto No.1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, que establece las reglas de reparto”[4]. En consecuencia, señaló que ese Juzgado no es competente para conocer de la presente acción constitucional. Se precisa que la autoridad judicial no expuso más argumentos al respecto.

 

4.       Surtido el segundo reparto, el Juzgado 008 Civil Municipal de Villavicencio, mediante Auto del 23 de octubre de 2025, suscitó conflicto negativo de competencia y remitió el expediente a la Corte Constitucional[5]. Señaló que, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que las reglas contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, no autorizan a los jueces a apartarse del conocimiento de los asuntos constitucionales que les sean asignados, por referirse únicamente a pautas administrativas para el reparto de los casos. En concreto, hizo alusión a las consideraciones del Auto 536 de 2025 de la Corte Constitucional.

 

5.       Reparto al despacho sustanciador. El expediente fue remitido a esta Corporación el 23 de octubre de 2025[6] y fue repartido al despacho sustanciador en sesión de Sala Plena del 29 de octubre del mismo año.

 

II.     CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

6.       Competencia. La Corte ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela le corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996[7]; de modo que, su competencia sólo se activa en aquellos casos en que la mencionada norma no prevea la autoridad judicial encargada de asumir el trámite, o aun cuando la definan, se requiera dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, a fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia, y de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales[8].

 

7.       En principio, el presente conflicto de competencia debería ser resuelto por conducto de las Salas Mixtas del Tribunal Superior de Villavicencio, conforme a lo previsto en el artículo 18 de la Ley 270 de 1996[9], pues las autoridades judiciales en disputa forman parte de especialidades diferentes de la jurisdicción ordinaria y pertenecen al mismo distrito judicial. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela y en aras de evitar que se dilate aún más la decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.

 

8.       Factores de competencia en materia de tutela[10]. Únicamente son tres y se encuentran en los artículos 86 de la Constitución y 8 transitorio de su título transitorio (adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017), y los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991; a saber, (i) Territorial: son competentes «a prevención» los jueces con jurisdicción en el lugar donde ocurrió la violación o amenaza, o donde se producen sus efectos[11]. (ii) Subjetivo: se aplica a casos de acciones de tutela contra los medios de comunicación y contra las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz[12]. (iii) Funcional: únicamente pueden conocer de la impugnación de una sentencia de tutela las autoridades judiciales que sean los «superiores jerárquicos correspondientes», según la jurisprudencia[13].

 

9.       Reglas de reparto. La Corte Constitucional ha establecido que las disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021, no definen reglas de competencia, sino pautas de reparto de acciones de tutela. Por tanto, las autoridades judiciales no pueden usar estos decretos para declarar su falta de competencia^[14]. En su lugar, deben tramitar la acción o decidir la impugnación según el caso presentado[15]. Si hay un conflicto de competencia entre autoridades por este motivo, el expediente se remitirá a quien se le repartió primero con el fin de que la acción sea decidida inmediatamente.

 

III. CASO CONCRETO

 

10.   La Sala Plena de la Corte Constitucional constata que en el presente caso se configuró un conflicto aparente de competencia, pues el Juzgado 003 de Familia del Circuito de Villavicencio se apartó del conocimiento del asunto con base en reglas de reparto. De igual forma, aunque mencionó el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, citado en una decisión anterior del Tribunal Administrativo de Villavicencio, dentro de otra acción de tutela, no brindó explicación o argumentación alguna al respecto (ver 3 supra). Por su parte, el Juzgado 008 Civil Municipal de Villavicencio destacó la postura decantada por esta Corte sobre la aplicación de las reglas de reparto para apartarse del conocimiento de un asunto de tutela (ver 4 supra).

 

11.   Para la Sala, el Juzgado 003 de Familia del Circuito de Villavicencio no podía declarar su falta de competencia con base en reglas de reparto, como lo ha señalado en reiteradas ocasiones esta Corte, por lo que debía continuar con el trámite de la acción, ya que fue la primera autoridad judicial con competencia a la que se le asignó el proceso. Lo anterior, porque al invocar las reglas de reparto para abstenerse de conocer la acción de tutela interpuesta, otorgó un alcance inexistente a las disposiciones contenidas en dicho instrumento jurídico, y contrarió la jurisprudencia de esta Corporación, según la cual éstas, lejos de integrar mandatos procesales en materia de competencia, son apenas pautas de reparto y/o asignación de expedientes de tutela.

 

12.   Decisión de la Sala Plena. El Juzgado 003 de Familia del Circuito de Villavicencio es el competente para resolver, en primera instancia, la acción de tutela, por ser la primera autoridad judicial a la que se le repartió la solicitud de amparo y debido a que no podía invocar reglas de reparto para apartarse del conocimiento de la misma. En este sentido (i) se dejará sin efectos el auto en el que el mencionado juzgado dispuso remitir el asunto a los juzgados municipales, (ii) se le remitirá el expediente para que inmediatamente adopte la decisión a que haya lugar y (iii) se le advertirá para que se abstenga de argumentar su falta de competencia con fundamento en reglas de reparto.

 

13.   Además, la Sala Plena le advertirá al Juzgado 008 Civil Municipal de Villavicencio que cuando considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto por las autoridades establecidas en la Ley 270 de 1996 y en el Auto 550 de 2018.

 

IV.  DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional

 

RESUELVE

 

PRIMERO. DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 21 de octubre de 2025, proferido por el Juzgado 003 de Familia del Circuito de Villavicencio, dentro del trámite de tutela promovido por Anayibe Ricaurte Durán, en calidad de agente oficiosa de Francisco Javier Tobón Blanco, contra la Nueva EPS.

 

SEGUNDO. REMITIR el expediente ICC-5194 al Juzgado 003 de Familia del Circuito de Villavicencio para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión a que haya lugar.

 

TERCERO. ADVERTIR al Juzgado 003 de Familia del Circuito de Villavicencio para que, en lo sucesivo, se abstenga de argumentar su falta de competencia con fundamento en reglas de reparto y, por lo tanto, decida conforme a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional, en materia de conflictos de competencia, con el propósito de eliminar las barreras en el acceso a la administración de justicia y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales.

 

CUARTO. ADVERTIR al Juzgado 008 Civil Municipal de Villavicencio, que cuando considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto por las autoridades establecidas en la Ley 270 de 1996 y en el Auto 550 de 2018.

 

QUINTO. Por la Secretaría General de la Corporación, COMUNICARLE la decisión adoptada en esta providencia a la parte accionante, al Juzgado 003 de Familia del Circuito de Villavicencio y al Juzgado 008 Civil Municipal de la misma ciudad.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

 

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO

Magistrado

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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